Dentro de las normas que regulan la contratación pública, se han incluido algunas medidas para promover el acceso de las MIPYME a las compras públicas, así como otras que buscan promover de forma general la industria nacional.

En este sentido, existen disposiciones precisas dentro de las Leyes 590 de 200027, 816 de 200328, 1150 de 200729 y el Decreto 1510 de 2013 30que promueven acciones específicas a favor de las MIPYME.

El Congreso de la República, con el fin de "promover el desarrollo integral de las micro y pequeñas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos"31 aprobó en primera medida la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004.

Esta ley prevé dentro de los mecanismos para la promoción de la concurrencia de las MIPYME a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado, el desarrollo de programas de aplicación de las normas sobre contratación pública; la promoción e incremento de la participación de micro y pequeñas empresas en los procesos de contratación que adelanten las entidades públicas; el establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten a las micro y pequeñas empresas el cumplimiento de requisitos y trámites involucrados en la Contratación Pública, tales como condiciones de pago, acceso a información y recepción de bienes; así como, la preferencia en condiciones de igualdad de precio y calidad a las MIPYME nacionales32.

Por su parte, y con el fin de apoyar la industria nacional a través de la contratación pública, el Congreso de la República expidió hace más de una década la Ley 816 de 2003. En dicha norma estableció la obligación de incluir puntajes adicionales para estimular la industria colombiana y/o la incorporación de componentes colombianos cuando se trate de bienes o servicios extranjeros33.